Impuestos sobre la huella de carbono, ¿qué son?
12 diciembre, 2022
La huella de carbono representa el volumen total de gases de efecto invernadero (GEI) que producen las actividadeseconómicas y cotidianas del ser humano. El dato de esta huella se expresa en toneladas de CO2 emitidas. Es decir, el rastro de gases de efecto invernadero (GEI) que dejan las actividades humanas se conoce como huella de carbono.
La huella de carbono la podemos medir mediante un indicador ambiental, el cual cuantifica tanto las emisiones directas como indirectas de compuestos, como el metano (CH4), el óxido de nitrógeno (N2O), los hidrofluorocarburos (HFCs), los perfluororcarburos (PFCs), el hexafluoruro de azufre (SF6) y, sobre todo, el compuesto más abundante y que más ha contribuido al calentamiento global, el dióxido de carbono (CO2).
Las emisiones de carbono aceleran el cambio climático, como recientemente ha advertido la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por este motivo es fundamental que luchemos contra dichas emisiones y de esta forma frenemos el cambio climático. Para llevar a cabo dicha lucha, entre otras medidas, se encuentran los impuestos ambientales.
Pero veamos a continuación y más a fondo en qué consisten los impuestos sobre el carbono y cuáles son sus objetivos:
En qué consiste el impuesto sobre la huella de carbono
El impuesto sobre el carbono es un impuesto medioambiental que grava la emisión de dióxido de carbono, y que en nuestro país solo está vigente por el momento en Cataluña.
Este impuesto persigue a los que más contaminan para que paguen en proporción a sus emisiones. Por ejemplo, el impacto del impuesto sobre el precio de determinados productos finales hace que dicho precio se incremente en proporción a las emisiones que han provocado su producción. De esta forma se promueve el consumo de los productos que generen menos emisiones de dióxido de carbono en su proceso de fabricación. Otra forma de aplicar este impuesto es hacerlo de forma directa en la producción y/o importación de combustibles fósiles.
Objetivos de los impuestos sobre la huella de carbono
El impuesto sobre la huella de carbono tiene como objetivo fundamental promover actividades, servicios o productos que consuman una menor cantidad de energía, al mismo tiempo que incentivar el ahorro energético allí donde el consumo de energía es elevado. De esta forma también se impulsan de forma indirecta otros modos de generación de energía, como es el caso de las energías renovables.
Otro importante objetivo de estos impuestos es contribuir a disminuir la incidencia del CO2 sobre el cambio climático, y reducir la dependencia de muchos países de los combustibles fósiles en favor de una producción local de energía. De esta forma podremos dirigirnos a nivel global hacia una economía ecológicamente sostenible.
En la actualidad, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es parte de los compromisos internacionales, como el Protocolo de Kioto. Pero no solo este impuesto tiene por objeto reducir las emisiones de CO2 de efecto invernadero, sino que también está encaminado a preparar gradualmente a la sociedad a un agotamiento de los recursos energéticos, de los combustibles fósiles, y al aumento de sus precios.
Además, el impuesto sobre el carbono no solo puede conseguir reducir las emisiones de CO2, sino que también puede tener un efecto indirecto sobre los demás contaminantes relacionados con la quema de combustibles y muy nocivos para la salud humana, como el óxido de nitrógeno y de azufre o el monóxido de carbono, entre otros.
Cómo funcionaría el impuesto sobre la huella de carbono en la Unión Europea
El nuevo plan de la Unión Europea incluye una propuesta para luchar contra las emisiones de dióxido de carbono que contempla la implantación de un arancel basado en las emisiones de carbono para las importaciones de los países que no tomen medidas similares para reducir sus propias emisiones. Es decir, un impuesto fronterizo sobre la huella de carbono.
Si un país establece impuestos para la reducción de emisiones a nivel nacional, corre el riesgo de que sus fábricas se enfrenten a costes de producción más elevados y por lo tanto estén en desventaja respecto a competidores extranjeros con normas medioambientales menos estrictas. Esto se intenta solucionar mediante el impuesto fronterizo sobre el carbono. Si las fábricas de todo el mundo que venden a la Unión Europea tuvieran que pagar un cargo adicional por la contaminación que emiten, estarían en igualdad de condiciones que las fábricas de dentro de la Unión Europea que soporten dicho impuesto. De esta forma las empresas europeas tendrían menos incentivos para trasladar sus operaciones al extranjero, al mismo tiempo que se presionaría a las naciones reticentes a frenar el uso de combustibles fósiles.
En la actualidad, la mayor parte de las industrias en la UE están cubiertas por un programa que cobra a los contaminadores por el dióxido de carbono que emiten. Este programa se conoce como el Sistema de Comercio de Emisiones, el cual establece un límite a las emisiones globales y lo va endureciendo con el paso del tiempo. Los grandes contaminadores tienen que obtener permisos por cada tonelada de dióxido de carbono que emiten, y el número de permisos disminuye con el tiempo, lo que hace que el precio de dichos permisos aumente. Esto supone un fuerte incentivo para que las empresas europeas reduzcan sus emisiones.
El impuesto fronterizo entraría en vigor el año 2026. Desde Europa se propone un periodo de introducción progresiva en el que se intentaría averiguar cómo funcionaría en la práctica el impuesto en la frontera, lo que daría tiempo a que otros países se preparasen.
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